LOS
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS ANTE LA REFORMA POLÍTICA, LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
UN
NUEVO PACTO SOCIAL ENTRE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y EL ESTADO
La
Asamblea Plenaria, órgano máximo de representación de la Convención de los
Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, el 1 de febrero del
presente año, mandato a la electas Comisiones de Seguimiento; Representación;
de Seguimiento y de Difusión a ejecutar los resolutivos de la misma. En
cumplimiento de lo anterior se presenta
la siguiente redacción de posicionamiento político de la Convención:
CIUDAD ORIGINARIA
La
Ciudad de México fue
el lugar de asentamiento de importantes regiones, ciudades y pueblos (
Ikniuhyotl, Huey Altepetl, Altepetl, Tlaxicallis y Calpullis): México
Tenochtitlan, México
Tlatelolco, Tlacopan, Azcapotzalco, Culhuacán, Ixtapalapa, Xochimilco; Tláhuac, Coyoacán, Mexicaltzinco,
Huitzilopotchco, Tlalpan, Coatlayahucan, Atepetlac, Cuauhximalpan, Ixtacalco;
Tacubaya, Mixcoac, Cuauhtepec, Ticoman, Mixiuhca, Tepetzinco, Xochiac, Ameyalco, Tizapan, Tenanitla,
Xantepec, Totolapan, Atlitlic, Ocotepec, Tlacotenco, Atocpan, Malacachtepec
Momoxco, Axochco, Petlacalco, entre
otros. Estos tienen una gran importancia, muchos de ellos
se establecieron y tuvieron gran esplendor antes de la propia llegada de los
mexicas y eran herederos de culturas milenarias. A ello se debe la gran riqueza
cultural de nuestra ciudad.
Esta es
una condición extraordinaria a diferencia de otras ciudades, nuestra Ciudad fue
preconcebida por sus fundadores, quienes realizaron un caminamiento
(peregrinación)
durante más de doscientos años, con la firme convicción de
asentarse en este territorio de inspiración y
mandato ancestral. La cual es fundada en 1325 como la Huey México
Tenochtitlan.
QUIENES SOMOS LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS
Somos los
legítimos descendientes de esos señoríos y pueblos
indígenas, hemos habitado este territorio y dado continuidad histórica a nuestras
instituciones políticas, económicas, sociales y culturales. Así mismo, damos sustento
y fundamento a la historia de nuestra nación. El patrimonio y la
riqueza de los pueblos y barrios son la
cimiente de la grandeza de nuestra Ciudad: la tierra, el territorio, el idioma
náhuatl, los recursos naturales, el patrimonio cultural, la mano de obra,
las creencias, las fiestas y el misticismo son la base fundacional de esta gran
urbe.
El
usufructo, uso, posesión y tenencia de la tierra tuvo un origen colectivo y nos fue
otorgado por las autoridades prehispánicas y nuestros
ancestros. Este derecho fue parcialmente reconocido por las autoridades
coloniales, por la República y la Nación Mexicana.
SITUACIÓN ACTUAL
La política
de Estado, desde la invasión, respecto a nuestros pueblos, también llamados
primeras naciones, ha sido de despojo,
exclusión, discriminación y un proceso de asimilación impuesta de nuevos
sistemas, basada en los intereses personales o de grupo y no en los comunitarios.
Las 16
delegaciones políticas se establecieron en nuestros territorios, estamos presentes en
todas las demarcaciones territoriales.
Somos los
pueblos indígenas originarios más despojados y devastados de nuestro país, la política de Estado
que concibe una modernidad mal entendida y un desarrollo urbano demencial y
lucrativo, llevó a la extinción de varios de nuestros
principales señoríos y hermosos pueblos. La
nueva división territorial fue dirigida a desaparecer nuestros pueblos y
sustituirlos arbitrariamente por colonias, zonas residenciales y unidades
habitacionales.
A tal grado
ha sido la exclusión política que la actual Ley de Participación Ciudadana desconoce a
los pueblos de 12 delegaciones.
La
viabilidad y sustentabilidad de esta gran ciudad, depende en gran medida de
nuestros recursos naturales, sin embargo, la mayoría de los planes de
desarrollo han sido impuestos y contrarios a nuestra existencia. Los
megaproyectos, unidades habitacionales y cadenas comerciales de las trasnacionales que se han impuesto autoritariamente han sido
motivo de conflictos sociales permanentes. Incluso se ha usado la violencia en
nuestra contra.
Durante tres períodos legislativos, nueve años, les
hemos entregado tres anteproyectos de Ley.
A partir del 2013, de acuerdo al Dictamen acordado por la ALDF con todas
las instituciones de gobierno y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, trabajamos integrados en el Comité de Mecanismo en el Anteproyecto de
Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del
Distrito Federal, el cual fue entregado el 23 de marzo de 2015 a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, VI
Legislatura, en la cual se exige el reconocimiento de nuestros derechos
colectivos. Sin explicación alguna, a diferencia de muchas otras leyes y a
pesar de que se cumplió con el derecho a la Consulta Indígena, NO FUE APROBADA. Ni siquiera fue discutida por el pleno.
En la misma tesitura, nuestro patrimonio cultural,
material e inmaterial, ha sido objeto de
despojo y discriminación, en aras de la falsa modernidad han pretendido
desaparecerlo o utilizarlo para otros fines. Nuestros centros ceremoniales,
lugares sagrados, monumentos históricos coloniales, nuestros caminos, símbolos,
nuestra memoria histórica, lenguas nacionales (náhuatl principalmente),
medicina tradicional mexicana, creaciones y recreaciones artísticas, música,
danzas, atuendos, historias, leyendas, mitos, literatura, rituales, alimentos,
productos y formas de producción como las chinampas, entre otros, han sido
prohibidos, minimizados y no valorados por el estado. Incluso muchos de ellos
desaparecieron y están en proceso de recuperación. Los que aún se conservan ha sido gracias a la
resistencia de nuestros pueblos.
REFORMA POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En el 2016 se aprobó la Reforma Política y se ha abierto
ya un proceso para la integración de la Asamblea Constituyente, la cual tendrá
como principal función la revisión del Anteproyecto de Constitución de la
Ciudad de México, que presentará el Jefe de Gobierno ante la misma.
Cabe mencionar que en todo este proceso se violó nuestro
derecho a la consulta conforme a los acuerdos y convenios internacionales. Así
mismo, limitan nuestra participación político electoral a los partidos
políticos o en candidaturas independientes en las cuales se piden
requisitos y condiciones totalmente
ajenas a nuestras formas de organización y representatividad.
En Enero de 2017, la Asamblea Constituyente deberá
aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México.
Sin embargo, la reforma política al artículo segundo
Constitucional, abre la posibilidad histórica de legislar sobre nuestros
derechos y que en la Constitución de la Ciudad de México se garanticen.
A cien años del Constituyente de 1917, posterior a la Revolución, la cual exigía
para nuestros pueblos Tierra y Libertad, entre otras cosas. Y a 20 años de los Acuerdos de San Andrés
Larrainzar. Los pueblos originarios declaramos:
HEMOS SIDO, SOMOS Y SEREMOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
ESTA ES NUESTRA TIERRA; NUESTRO TERRITORIO.
POR LA AUTONOMIA Y LIBRE DETERMINACIÓN.
JUSTICIA Y LEY PARA NUESTROS PUEBLOS.
SOMOS Y SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA.
HOY ES NUESTRO TIEMPO, ESTA ES NUESTRA OPORTUNIDAD.
EXIGIMOS
RECONOCIMIENTO
JURÍDICO.
La
Constitución debe reconocer en primera instancia que la Ciudad de México tiene
una composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística sustentada
originalmente en nuestros pueblos indígenas originarios, somos los
descendientes de las poblaciones que habitaban en el territorio actual de la
Ciudad de México al iniciarse la colonización y conservamos nuestras propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. En la Ciudad de
México, los pueblos indígenas nos auto identificamos y reconocemos como Pueblos
y Barrios Originarios.
AUTONOMÍA Y
LIBRE DETERMINACIÓN
Los
pueblos y barrios originarios tenemos el derecho a la libre determinación y
como una expresión de ésta a la autonomía. Así como el derecho a participar en
la toma de decisiones, a la consulta
indígena y a nuestra representación política; el derecho a preservar la
integridad de nuestras tierras,
territorios y recursos naturales; así como la restitución, reparación y
retribución de los mismos; y a gozar de los derechos culturales para preservar
nuestra identidad y patrimonio.
NUESTRO
PRINCIPIO RECTOR: EL DERECHO A LA
CONSULTA INDIGENA.
Exigimos que en la Constitución Política de la Ciudad de México,
se garantice nuestro derecho a la consulta Indígena, de acuerdo al 6 artículo
del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
Esta Consulta deberá realizarse por parte del Estado, cuando se
prevean ejecutar acciones y medidas administrativas o legislativas que nos
beneficien o afecten. La cual, deberá ser el instrumento preferente, vinculante
y con carácter obligatorio en la toma de decisiones de todos los niveles de
gobierno.
Así mismo, es importante señalar que dicha Consulta no es la que
defina el gobierno, sino que debe ser de acuerdo a nuestros propios mecanismos
y formas de representación y organización, y debe ser previa, libre,
informada, de buena fe y bajo nuestros
procedimientos. Además, es nuestro derecho otorgar o negar el Consentimiento,
cuando estas medidas administrativas o legislativas pongan en riesgo nuestra
continuidad histórica, territorio, tierra, recursos naturales y patrimonio
cultural material e inmaterial.
NUESTROS
DERECHOS COLECTIVOS
El
Gobierno de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior
de Justicia, las demarcaciones territoriales, así como los órganos autónomos en
el ámbito de sus competencias, actuales y los que defina la Constitución,
deberán garantizar los siguientes derechos:
Decidir y ejercer nuestras formas internas de gobierno, nuestros
propios sistemas de participación, elección y organización social, económica,
política, educativa y cultural, a través de las diversas formas y ámbitos de
autonomía comunal y regional. Así mismo, a nuestra libre asociación y
coordinación.
Elegir en las demarcaciones territoriales a nuestros
representantes Concejales;
A la aplicación de nuestros sistemas normativos internos para la
regulación y solución de nuestros conflictos en la jurisdicción propia,
respetando la interpretación intercultural de los derechos humanos y los
principios generales;
Al
acceso, uso, usufructo, disfrute, protección y conservación de nuestras
tierras, territorios, recursos naturales, medio ambiente sano y biodiversidad;
especialmente al AGUA;
A
preservar, desarrollar, controlar, difundir y promover nuestro patrimonio
cultural material e inmaterial;
A
la administración de nuestros panteones;
A
la restitución, respecto de nuestros bienes culturales, intelectuales,
religiosos y espirituales de que hemos sido privados.
Al
ejercicio, fortalecimiento y desarrollo de nuestra medicina tradicional y nuestros sistemas de salud comunitaria;
A
la preservación y recuperación de la Lengua Materna, el Náhuatl a través de la
implementación de política pública para tal fin.
A adquirir, desarrollar, operar y administrar medios y sistemas de
comunicación, difusión, propios;
Al reconocimiento y protección de las mujeres de nuestros pueblos,
a través de normas, políticas y acciones que garanticen el desarrollo y la
igualdad de oportunidades en los ámbitos económico, laboral, social, cultural,
político, educativo, civil, rural y agrario;
A que la normatividad en la materia, garantice nuestra
representación política en los cargos
de elección y representación popular;
Y
que los partidos políticos y organizaciones políticas, bajo los principios del
pluralismo político y cultural, garanticen nuestra participación para el acceso
a los cargos de elección y representación popular de los mismos.
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES
Reconocemos a todos los pueblos indígenas
originarios del país, del Continente Americano y del mundo como nuestros
hermanos, igual que nosotros han
enfrentado la invasión, despojo, exclusión y discriminación. Así como nosotros,
han vivido la resistencia y encabezado los procesos de descolonización,
llevando a los organismos y cortes internacionales la exigencia de reconocimiento
de derechos colectivos. Logrando consensos que se han traducido en marcos
jurídicos y políticas públicas.
La Ciudad de México, tiene una vocación de origen,
cimentada en la diversidad cultural, reconocemos en nuestros hermanos indígenas
de todo el país y residentes, su contribución a la riqueza humana de este
mosaico social, plural y diverso, vemos en ellos parte de nuestras raíces
nacionales y de nuestras luchas sociales, culturales y políticas.
El sistema político y económico alimentado por el
neoliberalismo rapaz, ha encrudecido la pobreza de sus pueblos y comunidades, y
los ha expulsado de sus lugares de origen. Por ello, pugnamos por el pleno
reconocimiento jurídico de su presencia, sus formas de organización y por la
aplicación de políticas públicas para su desarrollo pleno, así como la garantía
de su inclusión en la vida política de nuestra Ciudad.
SUMAR PARA PERMANECER
De la misma forma, reconocemos a todos aquellos
movimientos sociales, civiles y ciudadanos que han construido con su ser y
hacer la grandeza de esta ciudad. Aquellos que trabajan día a día, y muchas
veces a contracorriente, por todas las causas que son el motor de esta megalópolis.
Hacemos una invitación y un llamado fraterno al
reconocimiento mutuo, al dialogo, a la construcción de consensos, a soñar,
diseñar y a ser la soberanía de esta Ciudad. Escribamos unidos la constitución.
Hagamos posible el reconocimiento de todos nuestros derechos y una realidad la
Ciudad por la que vivimos y a la que deseamos transformar.
Redacción y Revisión: Fabiola Poblano, Néstor
Rangel, Rafael Castelán, María Guadalupe Salomo, Juan Cervantes, Flavio Guzmán
López, Edmundo López de la Rosa, Marcos Cazares, Clara Reséndiz, Lupita
Chaparro, Felipe González, Agapita Nava, Jacobo Corona, Fernando Palacios.
Integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Convención de los Pueblos y
Barrios Originarios de la Ciudad de México.
